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Cuando el accidente se convierte en expediente

Son las once de la noche. Un conductor recibe el impacto de otro vehículo en una intersección y hay una persona herida. Llega la unidad de tránsito. El conductor llama a su abogado —o debería llamarlo— antes de firmar cualquier documento o hacer cualquier declaración. Ese momento, esas primeras horas, suelen decidir buena parte del proceso que viene después. El tránsito es una de las materias con mayor volumen de causas en el sistema de justicia ecuatoriano. La combinación de consecuencias penales, administrativas y civiles obliga al abogado a moverse en varios registros al mismo tiempo, con plazos distintos y lógicas procesales que no siempre apuntan en la misma dirección.

Dos sistemas, una sola causa

La primera distinción que el defensor tiene que trazar es si la conducta configura una contravención o un delito. No es lo mismo. Las contravenciones se procesan en procedimiento expedito; los delitos, con instrucción fiscal, peritos y debate probatorio pleno. El COIP clasifica las contravenciones de tránsito en siete categorías según su gravedad. La contravención de primera clase —que incluye conducir sin haber obtenido licencia, faltar de obra a la autoridad o agente

de tránsito, o exceder los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido en el reglamento— acarrea tres días de privación de libertad, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en la licencia, salvo en el caso de conducir sin licencia, en que dicha reducción no se aplica, conforme al artículo 386. La diferencia entre primera y séptima clase no es nominal: cambia el procedimiento, el juez competente y el tipo de defensa posible. Cuando el resultado es muerte, el caso entra en otro plano. El artículo 377 del COIP tipifica la muerte culposa en tránsito con pena privativa de libertad de uno a tres años y suspensión de la licencia de conducir por seis meses, para quien infrinja un deber objetivo de cuidado, con un agravante que eleva esa pena de tres a cinco años cuando el accidente obedece a acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Pero si el conductor estaba en estado de embriaguez, la figura cambia de nombre y de consecuencia: el artículo 376 establece una pena privativa de libertad de diez a doce años y la revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. La distancia entre ambos tipos penales no es de matiz —es la diferencia entre un procedimiento abreviado viable y una audiencia de juicio con peritaje toxicológico y reconstrucción del siniestro que puede extenderse por años. El artículo 385 fija la escala del delito de conducción en estado de embriaguez: desde 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre hasta más de 1,2 gramos, con multas y privación de libertad que se incrementan por tramos. Ese nivel —demostrado o refutado— es el eje central de la defensa en la mayoría de los casos con resultado dañoso.

La práctica real: qué se hace y qué suele fallar

El expediente de tránsito se construye desde el primer momento del siniestro. El informe técnico de la unidad, las fotografías del lugar, la declaración del conductor, el peritaje médico: todo eso es evidencia que puede cuestionarse. Un abogado que llega tarde al proceso encuentra un expediente ya formado que no siempre favorece a su cliente. El primer punto de ataque suele ser la cadena de custodia de las pruebas materiales. El segundo, la validez de la notificación. El artículo 179 de la LOTTTSV dispone que en las contravenciones se entregue personalmente al responsable la boleta con el detalle de la contravención —que incluirá nombre y número de cédula del conductor o, de no poder establecerse su identidad, el número de placas del vehículo—, y que, de no ser posible la entrega personal, se la remita al domicilio del propietario del vehículo o a su correo electrónico registrado en la base de datos nacional en un plazo no mayor de setenta y dos horas. Si esa entrega no se cumplió en los términos de la norma, la actuación puede ser impugnable. Cuando el accidente produce lesiones, el artículo 379 del COIP establece que las sanciones se reducen en un cuarto de la pena mínima, con una reducción adicional de diez puntos en la licencia. Calcular esa escala y proyectar las salidas procesales posibles —acuerdo reparatorio, suspensión condicional de la pena— es trabajo previo a la audiencia preparatoria, no algo que se improvisa el mismo día. En paralelo, el sistema de puntos de la LOTTTSV tiene su propio trámite administrativo: cada infracción descuenta puntos de la licencia, y llegar a cero implica la pérdida del documento. El abogado que solo atiende el proceso penal y descuida el administrativo puede ganar la audiencia y perderle la licencia al cliente de todos modos.

Formación especializada para una materia que no perdona errores

El derecho de tránsito exige conocer dos cuerpos normativos que se superponen, manejar evidencia pericial y actuar con rapidez desde el primer momento. No hay margen para improvisar. El IEV ha desarrollado formación específica en esta materia porque los abogados que litigan tránsito la demandan: no una introducción general, sino entrenamiento en los detalles que, en la práctica, determinan el resultado del caso.